Capítulo 1
INTRODUCCIÓN
1. INTRODUCCIÓN
El aumento constante de la población mayor así como la constatación evidente de que constituyen un colectivo especialmente susceptible de que sus derechos se vean vulnerados han aconsejado a esta Institución, a través del Adjunto del Mayor[1], a abordar una serie de investigaciones de oficio con la finalidad de estudiar, de la manera más exhaustiva posible, la realidad en la que se encuentran las personas mayores en nuestra sociedad.
El presente informe extraordinario es el segundo que, en materia de mayores, esta Institución del Diputado del Común remitirá al Parlamento de Canarias y responde a una actuación de oficio realizada durante el primer semestre del año 2001.
La realización del anterior informe sobre la situación de las residencias y centros para personas mayores en la Comunidad Autónoma de Canarias[2] hacía necesario que el siguiente abordara el estudio de otros servicios alternativos para los ancianos, con el objetivo de comprobar cuál era la respuesta que las Administraciones Públicas daban a las necesidades de los mayores no institucionalizados. En él, se establecía como uno de los objetivos que debía guiar la acción conjunta en políticas y actuaciones para las personas mayores, que realizan tanto el Gobierno de Canarias como los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos de las siete islas, la "Promoción de aquellos recursos alternativos que permitan la permanencia de las personas mayores en sus domicilios el mayor tiempo posible". Se mencionaba, entre ellos, el Servicio de Ayuda a Domicilio.
El lema "Envejecer en casa" se ha convertido en uno de los objetivos principales de las políticas sociales sobre el envejecimiento. Asumiendo por esta Institución Parlamentaria el criterio de que donde mejor está la persona mayor es en su propio domicilio y en su entorno habitual, se considera que la Administración ha de potenciar los recursos alternativos y complementarios para su institucionalización. Con tal objetivo, se pretende llegar a conocer la situación de la Ayuda a Domicilio para que sirva de reflexión y de impulso a la actuación de las Administraciones Públicas competentes.
Este trabajo se ha dividido en cuatro apartados que se desarrollan tras esta introducción y del capítulo 2 dedicado a la explicación de los objetivos y metodología utilizada:
- En el primero de ellos, capítulo 3, se trata, de manera general, del reto que supone para las sociedades modernas el aumento de los índices de la dependencia, incidiendo en la situación de Canarias. También se analizan en esta parte los mecanismos que se han articulado para responder a las nuevas necesidades que esta situación genera.
- En el segundo apartado, capítulos 4 y 5, se presentan los resultados del estudio que desde esta Institución se ha realizado para conocer la situación de la prestación de la Ayuda a Domicilio para las personas mayores en Canarias. El capítulo 4 se dedica a la descripción de la situación general en toda la Comunidad Autónoma, y en el capítulo 5 se realiza el análisis pormenorizado por islas.
- En el tercero, capítulo 6, se presenta la conclusión general del estudio y se recogen las recomendaciones que esta Institución ha considerado oportuno realizar a las Administraciones Públicas implicadas en la gestión del SAD en Canarias.
- Por último, el cuarto apartado lo constituye la bibliografía utilizada en la elaboración del Informe, y por los anexos, donde se incluyen las tablas del estudio, el cuestionario que ha servido como instrumento para la recogida de datos, un listado de recursos útiles en el trabajo en el área de las personas mayores y un índice de legislación específica.
Queremos agradecer la colaboración prestada por todas las personas e instituciones que han hecho posible la elaboración de este informe extraordinario.
[1] La Ley 3/1996, de 11 de julio, de la Participación de los Mayores y de la Solidaridad entre Generaciones, en su Disposición Adicional Segunda, introduce una modificación en la Ley 1/1985, de 12 de febrero, del Diputado del Común, para que se encomendara a uno de los Adjuntos la responsabilidad de velar especialmente por la protección de los derechos de los mayores.
[2] DIPUTADO DEL COMÚN. "La situación de los Centros para Personas Mayores en Canarias". 2000.