Enviada por Anónimo el 27/07/2010

El artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, señala lo siguiente:

1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días hábiles para subsanación y determinándose el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de los aspirantes. Las citadas listas deberán ponerse de manifiesto, en todo caso, en la Dirección general de la Función Pública, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas y en las Delegaciones del Gobierno y Gobiernos Civiles.

2. Cuando el procedimiento selectivo lo permita, no será preceptiva la exposición al público de las listas de aspirantes admitidos, debiendo especificarse así en la correspondiente convocatoria. En estos casos, la resolución, que debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado, deberá recoger el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, así como la relación de los aspirantes excluidos con indicación de las causas y del plazo de subsanación de defectos.

3. La publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del Estado será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

No obstante, le sugerimos que pase por alguna de nuestras oficinas con toda la información y documentación de que disponga para su valoración por nuestro personal técnico.

Enviada por Anónimo (Tenerife) el 27/07/2010

El objetivo principal de las actuaciones de un Servicio de Urgencias debe ser intentar solucionar el problema del paciente con la mayor premura que sea posible. Los protocolos, actuaciones o conductas a seguir por el médico de urgencias dependerán del hospital, las circunstancias concretas del caso, tipo de lesiones, nivel de gravedad y origen del problema, entre otros.

No obstante, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica. El artículo 18 de esta Ley recoge el derecho de acceso a la Historia clínica del paciente, documento médico-legal donde constan todas las actuaciones que el médico ha llevado a cabo durante la asistencia sanitaria.

Dada la información que nos ofrece y debido a la diversidad de actuaciones urgentes existentes en el ámbito sanitario, le recomendamos solicite se le expida la Historia Clínica y/o datos sanitarios del paciente, que mostrará los datos, actuaciones, exploraciones, plan y tratamiento a seguir, pruebas, valoraciones e informes de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica del paciente a lo largo del proceso asistencial en Urgencias.

Asimismo, si lo desea, le invitamos a pasar por nuestras oficinas del Diputado del Común y de ese modo conocer más detalladamente las circunstancias del asunto que nos plantea para que nuestro personal pueda asesorarle adecuadamente, ya que este servicio de consultas rápidas tiene como finalidad orientar a las personas que tengan problemas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, acerca de las vías posibles para solucionar dichas cuestiones.

Enviada por Anónimo (Tenerife) el 22/07/2010

Señala el artículo 29 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, que el Defensor del Pueblo esta legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo dispone de un plazo de tres meses a partir de la publicación de la Ley, disposición o acto con fuerza de Ley que se pretenda impugnar para formular su recurso. Por tanto, debe usted dirigir escrito motivado al Defensor del Pueblo, identificando la disposición o acto con fuerza de Ley que considera inconstitucional y los motivos de dicha consideración.



En cualquier caso, le recomendamos que contacte con el Servicio de Atención al Ciudadano del Defensor del Pueblo, donde podrán informarle con la máxima precisión con respecto a su consulta. Puede obtener los teléfonos de contacto en la web de dicha Institución (www.defensordelpueblo.es).

Enviada por Anónimo (Gran Canaria) el 16/07/2010

No es imprescindible que aparezcan esas palabras. Si del contenido del escrito que usted ha presentado se deduce que la finalidad del mismo es impugnar, debe ser tratado como recurso frente al acto contra el que se presenta.

Enviada por Anónimo (Tenerife) el 07/07/2010

Con la información que nos aporta no podemos resolver la consulta que formula. Le sugerimos que pase por alguna de nuestras oficinas con toda la información y documentación de que disponga para su valoración por nuestro personal técnico.